Gremios proponen ajustar plazos de implementación de la Ley de Pago Oportuno y el uso del IVA

Con cierta desazón miran los gremios empresariales y de PYME la implementación de la Ley de pago Oportuno. ¿La razón? A dos meses y medio de la puesta en marcha de la normativa, han constatado cómo el pago 30 días se aleja, dejando atrás el anhelo de "emparejar la cancha" y corregir las asimetrías que existen entre los grandes vendedores y los pequeños compradores.

De manera transversal los gremios valoran la apertura del ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, para corregir –ya sea por vía reglamentaria o legal- aquellos aspectos que hoy permiten transgredir el espíritu legislativo que motivó la normativa.

Uno de ellos, es el período de dos años (que termina en febrero de 2021) que permite un techo máximo de pago de 60 días. Esto ha hecho que quienes pagan dentro del plazo estén extendiendo sus pagos, según denunció a la autoridad la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

Ante esto el presidente del gremio, Manuel Melero, propone como alternativa revisar este punto: "Se podría buscar acortar a 45 días o bien, acortar los dos años" de la transitoriedad.

Similar postura tiene el secretario del directorio de Corparaucanía, Gustavo Valenzuela, quien plantea que el período contemplado hasta 2021 sea adelantado hasta octubre de este año.

"Lamentablemente no se consideró esta posibilidad de que podía ser mal interpretada por algunos. Creo que está claro que ese plazo de dos años podría ser inmediato, y darse un plazo de seis meses para que entre en vigencia el pago a 30 días", señala.

Otro punto que podría incentivar el pago oportuno es el uso del IVA. "El camino más fácil es el IVA. Si no se paga la factura, no se tiene derecho al crédito fiscal, que es lo que resta un 19%. Esa fue una de las cosas que se solicitó", dice el presidente de Asexma, Roberto Fantuzzi.

Para Melero, esta vía iría en la dirección correcta y su implementación depende de la voluntad del Ejecutivo.

"Sabemos perfectamente desde el primer día, y después lo hemos comprobado a posteriori, que esto es perfectamente posible de implementar", asevera.

En tanto, el director de la Asociación de Emprendedores (Asech), Marcos Rivas, atribuye a las grandes corporaciones la responsabilidad para hacer que la normativa logre su objetivo.

Quejas desde el sector agrícola

Otra incertidumbre que tienen las PYME se relaciona al funcionamiento de los Acuerdos de Excepción, que permite establecer convenios entre las partes para extender los plazos según sean las dinámicas de los negocios.

Al respecto, el sector agrícola menciona aspectos relevantes a modificar. "Hemos sido enfáticos en señalar que para nuestro sector la normativa no es viable", asegura el secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Juan Pablo Matte por lo que espera los cambios a la ley se hagan "lo más pronto posible".

"De acuerdo con información oficial, desde la puesta en marcha de la ley más del 50% de las excepciones para alargar los plazos de pago tienen que ver con proveedores del sector agrícola", advierte. Esto, a su juicio, pone en duda un pago a 30 días para los agricultores.

En la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (SOFO) proponen cambiar "el sujeto" al que se le responsabiliza del acuerdo. Su secretario ejecutivo, Andreas Kobric, explica que en el sector agrícola existe la costumbre de pago contra cosecha, por lo que "lo primero (que se podría hacer) es que no sea el comprador del sector agrícola el que hace ese Acuerdo de Excepción, sino que sea de parte del vendedor". Otra materia que inquieta en el sector es la obligatoriedad del uso de guías de despacho electrónicas. Esto, porque en los predios agrícolas no existe luz o conectividad a Internet, por lo que sugieren que se mantenga el uso del papel.

Los aspectos generales de la controvertida norma

• La Ley de Pago Oportuno entró en vigencia el 17 de mayo.
• Establece un plazo certero de pago, con intereses por cada día de atraso.
• Su aplicación no distingue por tamaño o tipo de empresa, ni por rubro al que pertenece.
• Está dirigida a todas las sociedades que son emisoras y receptoras de facturas.
• Iniciativa obliga al Estado a ser buen pagador.
• Otorga un plazo de dos años con un techo de pago a 60 días con el propósito de que las empresas mejoren sus procesos internos.
• En el caso de los servicios de salud, Cenabast y municipalidades, la entrada en vigencia es a partir de junio de 2021.
• Guía de despacho será obligatoria y electrónica.
• Establece intereses por mora junto con el pago de una comisión fija por recuperación de pagos del 1% del saldo adeudado.
• En casos excepcionales, permite suscribir por escrito un acuerdo de pago superior a 30 días en el que se especifique las causas, cuyo registro queda en el Ministerio de Economía.